Hoy nos hacemos eco del informe Putting quality first. Contracting for long-term care (European Social Network, 2021). Dicho estudio ha sido elaborado por la Red Social Europea (ESN) 
organismo independiente de servicios sociales públicos locales en Europa que integra a organizaciones encargadas de la planificación, financiación, gestión, investigación y regulación de la administración público local, entre los que se encuentran servicios sociales, salud, bienestar social, empleo, educación y vivienda.
Tal y como recuerda el Servicio Vasco de Salud, el paulatino envejecimiento de la población junto con los cambios que se están produciendo en los modelos y roles familiares, hacen crecer la demanda de servicios que presten una atención a largo plazo. Esta necesidad creciente, se acompaña de expectativas de atención de alta calidad. El informe que se presenta a continuación evalúa el papel de la contratación pública de estos servicios, así como la calidad de los mismos.
Sin embargo, la complejidad de las estructuras que regulan y financian a los sistemas de atención de los diferentes países sumado a la heterogeneidad de entidades prestadoras de servicios de atención a largo plazo, ha conformado una diversidad de regulaciones, enfoques y reglas de mercado que repercuten en la calidad de la atención prestada y, consiguientemente, a la calidad de vida de las personas con necesidad de cuidados de larga duración.
A ello hay que sumar el coste de los servicios de atención a largo plazo que emergen en un contexto de contención del gasto público.
En este contexto, se hace necesario reflexionar entorno al funcionamiento de los sistemas de atención a largo plazo e identificar elementos promuevan la calidad de los cuidados y ofrezcan una alternativa viable y que satisfaga las necesidades de la población que requiere una atención de larga duración.
El estudio formula un conjunto de recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad de la atención de larga duración que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas que demandan estos servicios, entre las que destacan la desinstitucionalización de las personas mayores, garantizar el derecho a los cuidados de larga duración, así como a la calidad de los mismos, progresar hacia un enfoque basado en resultados en lo que a los servicios de atención a largo plazo se refiere, y reconocer la relevancia del papel de las/os cuidadoras/es informales; entre otros.
